Guardia Nacional en la frontera sur resultará un desastre: Human Rights Watch

*El director ejecutivo de Human Rights Watch indicó que el plan es una “fórmula para el abuso”.

Desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para contener la migración “podría resultar un desastre” considerando la “extensa y espantosa” historia de abusas vinculados con la militarización de seguridad pública.

Así lo advirtió el director Ejecutivo Adjunto de Human Rights Watch (HRW) Daniel Wilkinson, en su artículo titulado “México desplegará su Guardia Nacional para enfrentar a familias migrantes”, en el que hace referencia al envío de hasta seis mil elementos del cuerpo de seguridad que iniciará funciones el próximo 30 de junio.

“Si el gobierno de López Obrador lleva a cabo este plan, implicará el despliegue de una fuerza esencialmente militar, no contra organizaciones delictivas violentas, sino contra familias y niños pobres, muchos de las cuales están huyendo de la persecución de grupos violentos”, consideró.

México desplegará su Guardia Nacional para enfrentar a familias migrantes.

“México tiene derecho a reforzar sus fronteras, pero es difícil pensar en una prueba menos apropiada para su nueva Guardia Nacional”, escribe @DWilkinsonNYC.

El director de la organización dedicada a defender los derechos humanos argumentó que la Guardia Nacional creada por la administración de Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal representa una extensión de la militarización de la seguridad pública.

“México tiene derecho a reforzar sus fronteras, pero es difícil pensar en una prueba menos apropiada para su nueva Guardia Nacional”, afirmó y agregó que es predecible que el despliegue termine resultando en graves abusos.

Por su parte, el director ejecutivo para América de la organización, José Miguel Vivanco, calificó como una “locura” enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur.

“La última locura de la militarización de la seguridad pública en Mexico: desplegar una fuerza esencialmente militar, ya no contra grupos delictivos, sino contra familias humildes que huyen de estos grupos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Durante la negociación con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles del 5% a productos, México se comprometió a enviar a la Guardia Nacional en la frontera sur para contener la migración proveniente de Centroamérica.

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Detienen a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, por delitos sexuales

* El líder religioso fue homenajeado el 15 de mayo en Bellas Artes

CALIFORNIA, EU.- Xavier Becerra, fiscal general de California, informó sobre la detención del líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, por presunto tráfico de personas, pornografía infantil y otros delitos.

De acuerdo con el reporte, Naasón Joaquín García está acusado de trata de personas, abuso de menores y producir pornografía infantil entre 2015 y 2018.

Recientemente, el líder de la Luz del Mundo fue homenajeado en Bellas Artes.

En la denuncia penal presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Justicia de California alega que Joaquín García y sus coacusados cometieron 26 delitos graves en el sur de California durante aproximadamente cuatro años.

El líder de la asociación religiosa y sus coacusados presuntamente coaccionaron a las víctimas para que realizaran actos sexuales.

De acuerdo con la denuncia, a las víctimas les decían que si iban en contra de cualquiera de los deseos de “el Apóstol”, estaban contra de Dios.

Los otros acusados son Alondra Ocampo, Azalea Rangel Meléndez y Susana Medina Oaxaca, todas afiliadas a La Luz del Mundo.

Con Naasón Joaquín García, también fueron detenidos Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca.

Contra Azalea Rangel Meléndez, quien se encuentra en libertad, también se emitió una orden de arresto.

Funcionaria inhabilitada por 15 años por corrupción es jefa de licitaciones de Pemex

* Reyna María Basilio Ortiz, quien fue inhabilitada por 15 años para ocupar un cargo público por autorizar adeudos de obras no reconocidas de la Línea 12 del Metro, ahora es la coordinadora de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Pemex, encargada de adjudicar contratos; mediante twitter

Para el Metro, se desempeñó como directora de Administración de Contratos del Proyecto de la Línea 12, y en 2014 la Contraloría de Gobierno capitalina la responsabilizó de autorizar indebidamente un reconocimiento de deuda con dos empresas, a las que pidió se pagara más de 478 millones de pesos, presuntamente sin cumplir los requisitos normativos.

Ahora figura en el directorio de Pemex como encargada de las licitaciones y adjudicación de contratos de bienes y servicios. En septiembre de 2014 fue inhabilitada por la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México por 15 años y fue sancionada con más de 478 millones de pesos por adjudicar de manera irregular un convenio de reconocimiento de deuda por obras inducidas subterráneas, superficies y áreas no consideradas en el contrato principal de la Línea 12, además se le dio vista a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

La PGJDF le dictó una orden de aprehensión en julio de 2015, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Basilio Ortiz interpuso un amparo, donde se le otorgó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión.

La actual funcionaria de Pemex recurrió al Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México para solicitar, a través de un juicio de nulidad, la cancelación de las sanciones que le fueron aplicadas.

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México declaró el 15 de diciembre de 2017 la nulidad lisa y llana, aunque reconoció que Basilio Ortiz sí había incurrido en irregularidades. Ante ello, las autoridades de la Ciudad de México, presentaron un recurso de revisión ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Así que este tribunal determinó en definitiva que Basilio Ortiz sí había incurrido en responsabilidad, pero también estableció que no fueron debidamente individualizadas y aplicadas las sanciones de inhabilitación y multa económica a la exfuncionaria del Metro.

De tal forma que ordenó en septiembre de 2018 que el Tribunal Contencioso Administrativo anulara la sentencia del juicio de nulidad que se dictó en favor de Basilio y emitiera una nueva, tomando en cuenta los criterios que estableció.

Nahle lo niega

Con un escueto tuit la Secretaría de Energía Rocío Nahle se deslindó de la designación de Reyna María Basilio Ortiz, inhabilitada por 15 años por autorizar adeudos de obras no reconocidas de la Línea 12 del Metro, como la actual coordinadora de licitaciones y adjudicaciones de Pemex.

Sin remitirse a dar respuesta a los grandes medios y dirigiéndose a un solo usuario en la red social de twitter, la titular de la SENER, le aclaró: ( Nahle Retwitteó a Manuel Díaz)
“Cabe aclarar, que yo no designé a nadie y las contrataciones en @Pemex las hace directamente la empresa”

 

Empresas, entre ellas Pepsico, roban a CFE hasta 30 mil millones, acusan ex trabajadores del SME

Ciudad de México.- El grupo “Para todos todo”, compuesto por ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, propone al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador vías de reinserción laboral, como ubicar y parar el robo de electricidad del que principalmente responsabilizan a mil grandes empresas, que consumen el 22 por ciento de las ventas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellas, Embotelladora Mexicana Pepsico.

“Son más de 30 mil millones de pesos las pérdidas por el robo de energía a CFE [datos oficiales de 2018]. ¿Cuánta energía y cuánto dinero se podría recuperar si se revisan las mil empresas grandes consumidoras de casi la cuarta parte de la electricidad? Y, ¿si después se revisan las 300 mil empresas medianas que consumen el 37 por ciento de la electricidad?”, planteó el ex trabajador disidente Mario Benitez Chávez.

El titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sentenció en una conferencia de prensa de febrero que “toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”.

El electricista Benitez agregó que “la cruzada nacional contra la corrupción, como eje sexenal, debe ser respaldada por los trabajadores. Petroleros y electricistas deben de participar, pero los de base, los de abajo, y no las cúpulas sindicales quienes han sido parte y se han beneficiado del robo y del saqueo”.

Planteó la diferencia entre ellos y Martín Esparza Flores, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) desde 2005. “Buscar recuperar la soberanía energética, la autosuficiencia eléctrica, y no dar más permisos a los privados, es una gran diferencia que tenemos con Martín, quien está haciendo marchas para que el gobierno le dé un contrato de compra-venta con Generadora Fénix (de la portuguesa Mota-Engil, SME y Cooperativa LF) por 25 años”, dijo.

Mota-Engil, enfatizó, fue la encargada de construir la autopista “Siervo de la Nación”, obra del gobierno mexiquense de Eruviel Ávila Villegas, para conectar la zona norte del Valle de México con el nororiente de la Ciudad de México que reportó un sobrecosto de 4 millones de pesos. “Esto es Mota-Engil, esto es Martín, y quieren que les compremos la electricidad por 25 años a esta clase de ratas”, criticó.

EL “HUACHICOLEO ELÉCTRICO”

En 2017, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró pérdidas técnicas, por disminución de voltaje, y no técnicas, derivadas del robo de energía, por 46 mil 592 millones de pesos, el 13.5 por ciento de lo generado, muestran cifras del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), frente a los 60 mil millones de pesos anuales a las que ascienden las pérdidas de Petróleos Mexicanos (Pemex) por tomas clandestinas de combustibles, de acuerdo con las cifras del Gobierno.

Por pérdidas técnicas, la CFE dejó de recibir 16 mil 267 millones de pesos, mientras que por robo, alteración de medidores o falta de pago perdió 30 mil 325 millones de pesos.

En febrero, el titular Manuel Bartlett Díaz informó  durante una conferencia que en 2018 fueron más de 30 mil millones de pesos principalmente de los grandes corporativos. “Siempre ha habido robo de energía en grandes empresas, en hoteles, en grandes industrias que manejan los medidores y se ha generado desde hace años el no pago de los grandes. No son los chiquitos. Toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”, advirtió.

Respecto a las grandes consumidoras, el sistema eléctrico de la CFE se integra de ventas anuales con un 22 por ciento de la energía para mil empresas grandes; 37 por ciento para 300 mil empresas medianas; 25 por ciento para 33 millones de usuarios domésticos; y 16 por ciento para 4 millones de usuarios comerciales, agrícolas y de servicios, documenta el Observatorio Ciudadano de la Energía con datos oficiales.

“La disyuntiva es que son mil empresas que consumen el 22 por ciento y 33 millones de hogares otro 25 por ciento. Vamos a impedir que nos sigan robando. Esas mil empresas tenemos que revisarlas, conectarlas, que no alteren los medidores. Es posible, estamos convencidos, y contamos con personal –a todos los que nos corrieron les sabemos a eso– y esas empresas están sobre todo en la Ciudad de México y el Estado de México”, afirmó el ex trabajador disidente Mario Benitez.

Entre esas mil empresas, documentó el electricista, figura Embotelladora Mexicana Pepsico, que en 2012 fue acusada por la CFE ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por robarle electricidad durante cuatro años. Ante ello, la firma se comprometió a pagar 105 millones de pesos.

Los adeudos de Pepsico correspondían a dos plantas embotelladoras, una en Acoxpa y otra en Calzada de La Viga, en la Ciudad de México, conectadas en servicio de media tensión, cuyos medidores fueron revisados en mayo de 2012 por la CFE, y encontró dispositivos electrónicos que marcaban un consumo menor al real.

“Aquí vamos a revisar quiénes son esas mil. No hay más que irse al directorio, sus oficinas, sus divisiones, sus subsididarias y así podemos evitar este huachicoleo eléctrico. No puede funcionar como en el caso Pemex, porque ahí cortan ductos a partir del monitoreo central. Aquí no podemos cortar la luz. Se tiene que hacer con servicio y eso lo hacen nuestros compañeros, ellos trabajan con línea viva, saben de la facturación. ¿Cómo van a poner orden y recuperar 30 mil millones de pesos al año?”, reiteró Benitez Chávez.

Además de empresas, el gobierno de Pueba colocó “diablitos” en la Vía Atlixcáyotl para robarse la luz. Un comunicado de prensa oficial reportó en días pasados que la CFE está cobrando adeudos de la gestión anterior por más de 2 millones 800 mil pesos tanto de Rafael Moreno Valle (2011-2017) como de Antonio Galí Fayad (2017-2018). Se deben 2 millones 457 mil pesos correspondientes al periodo del 22 de diciembre de 2012 al 22 de octubre de 2018; 259 mil 34 pesos del 25 de agosto de 2017 al 16 de octubre de 2018; y 110 mil 364 pesos del 5 de abril al 7 de diciembre de 2018.

Otra de las propuestas para la reinserción laboral de más de 16 mil trabajadores electricistas es cooperar en la clasificación de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que se están dando a conocer en el Archivo General de la Nación.

“Vamos a capturar, digitalizar, transcribir 36 años de archivos, desclasificar 36 años de guerra sucia. En Luz y Fuerza teníamos compañeras secretarias talentosísimas. Queremos que se sepa, queremos trabajar y esa fuerza de trabajo la queremos”, visualizó Mario Benítez. “Martín no está diciendo que quiere acabar con el huachicoleo, solo quiere para su empresa (Generadora Fénix)”.

AUDIENCIAS CON EL GOBIERNO DE AMLO

A lo largo de estos tres meses de inicio de la administración, los electricistas disidentes han solicitado a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Energía, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Federal de Electricidad y al Instituto Mexicano del Seguro Social una audiencia para tratar la petición de desclasificar los documentos en torno a la extinción de Luz y Fuerza en octubre de 2009, y con ello conocer “los acuerdos” del Sindicato Mexicano de Electricistas dirigido por Martín Esparza Flores, con los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Creímos y confiamos en la dirección sindical del SME, pero Martín Esparza Flores se corrompió y coludió con los gobiernos del PRIAN”, dice la solicitud de audiencia con los titulares de las dependencias federales referidas. “Desde aquel 11 de octubre de 2009, hemos vivido en condiciones precarias, tratando de sobrevivir, siendo perseguidos del gobierno, boletinados para no encontrar una fuente de empleo formal, reprimidos y agredidos por una dirigencia sindical sin escrúpulos”.

Por su parte, Martín Esparza Flores declaró en un foro sobre “Nuevo sindicalismo en México” celebrado hace dos semanas que “el Sindicato está vivo, compañeros. Está firme y con la cara muy en alto para continuar esta lucha […] Aquí estamos defendiendo nuestra organización sindical y los derechos de los trabajadores. Hoy tenemos que seguir luchando porque se restituyan los derechos de los trabajadores en el país. En todos estos años de política neoliberal el diagnóstico es devastador contra los trabajadores”.

“Hagamos una Convención Nacional Democrática, pero sin las centrales corporativas, sin los charros, y saquemos de ahí acuerdos en materia de trabajo, de salario y de seguridad social”, agregó.

Para los disidentes fue un discurso “hipócrita” y “vacío”.

También han acudido al Poder Legislativo. El 15 de noviembre de 2018, los diputados Nelly Carrasco Godínez, Erika Vanessa del Castillo Ibarra y Sergio Pérez Hernández, de Morena, y Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, propusieron un punto de acuerdo donde se pide la desclasificación de los documentos de Luz y Fuerza del Centro. Esta propuesta se pasó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, donde está pendiente de discutirse.

La Compañía de Luz y Fuerza se componía por 44 mil activos y 22 mil jubilados hasta aquel octubre de 2009. Luego de que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa encabezó su extinción, casi 28 mil aceptaron la liquidación ante el decreto, pero 16 mil 599 quedaron en resistencia para que se respetara su contrato colectivo y antigüedad.

Sin embargo, el grupo “Para todos todo” detectó, a través de solicitudes de información, que a través del pago de jubilaciones, liquidaciones, la Generadora Fénix y la Cooperativa LF del Centro, surgidas tras la extinción de la Compañía, el líder sindical Martín Esparza y los otros 25 miembros del Comité del SME se han beneficiado económicamente, junto con su familia y amigos, más que los trabajadores que quedaron desempleados y no aceptaron la liquidación para seguir en la resistencia.

Martín Esparza Flores se llevó una liquidación de 5 millones 129 mil pesos por 23 años, sus cercanos y miembros del Comité del SME también obtuvieron cifras con mayores ceros que el resto de trabajadores, de acuerdo con certificado del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

“Específicamente hay un grupo de 122 personas que son los del Comité Central [del SME] y allegados que juntaron un monto aproximado de 300 millones de pesos por concepto de liquidación. Las liquidaciones van entre 1 y 7 millones de pesos. No hubo algún parámetro exacto que pudieran tomar para determinarlas; la antigüedad y categorías no contaron, solo los parentezcos con la dirección del sindicato”, dijo la trabajadora electricista Jazmín Serrano.

DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Los disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas solicitan la desclasificación de documentos sobre el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro para resolver la duda que han cargado por casi una década: por qué cerraron la compañía y qué hizo su representante sindical, Martín Esparza, con la entrega de liquidaciones y rentas vitalicias, así como con la Generadora Fénix y la Cooperativa LF. Pero hasta el momento solo han recibido reserva de información y agresiones.

“Cuando queremos levantar la voz, somos expulsados, somos rechazados, somos golpeados. En toda esta desclasificación de documentos de la extinción de LyF están los negocios de la dirigencia, los beneficios para familiares y allegados. Debe haber un papel firmado”, dijo el disidente Aldo Conde. “Las bases estamos siendo aisladas. Hay dos sindicatos. El que cuentan ellos y el que se está viviendo”.

Su compañero Claudio Herrera acusó que “es injusto que un grupúsculo se haga rico a costillas de los trabajadores que quedaron desempleados. Si nos transportamos a antes de 2009, muchos no tenían ni para zapatos y en este momento en Necaxa (Puebla) tienen infinidad de locales o bares, y se pasean en coches. Está terrible cómo tratan a nuestros compañeros del sindicato. Está la Generadora Fénix ahí, pero es un grupo de 500 personas que están trabajando el líder Miguel Márquez, Secretario de Fomento a la Salud, es el dueño del poder”, señaló.

Sergio Vallejo fue víctima de Márquez y aunque ha presentado denuncias, le piden pruebas y testigos. “Gente del SME, Miguel Márquez Ríos, Secretario de Fomento a la Salud, y Román Olvera García, subsecretario de la división Necaxa, ya me amenazaron”, señaló directamente. “La consigna de golpearme para que me quede quieto y ya no se sepa la información entorno del SME. Tengo actas de denuncias, pero piden pruebas y testigos”. En ese momento, evocó, salió lo de las nóminas con liquidaciones millonarias.

Mario Benítez planteó que tienen derecho a la verdad. “Yo trabajé para una empresa de 100 años que la extinguieron. Quiero saber los motivos reales, no puede ser responsabilidad del trabajador la quiebra, si existía. Quiero saber qué pasó con todos los activos de LyF, en qué manos quedaron”, cuestionó.

El Secretario General Martín Esparza compartió en el foro referido que después de la Reforma Energética “que impusieron, la primera empresa participante del mercado eléctrico mayorista fue CFE por ley, pero la segunda es Generadora Fénix del SME. Ya estamos de regreso en el sector eléctrico […] los trabajadores con su contrato colectivo tienen reparto de utilidades, están dados de alta al seguro social y tienen prestaciones por encima de la ley y lo del 49 por ciento (de participación accionaria) el dinero va a un fondo de previsión social para que los trabajadores tengan un fideicomiso”.

No obstante, los disidentes criticaron que Fénix solo aporta empleos a 571 de los 16 mil desempleados y, dijeron, están contratados bajo outsourcing. En la nómina están los 26 miembros del Comité del SME, familiares y amigos de Martín Esparza ganando más que otros trabajadores con más experiencia y antigüedad, de acuerdo con la base del IMSS a la que tuvieron acceso los trabajadores opositores.

Martín Esparza, vocal de Generadora Fénix y líder sindical; Humberto Montes de Oca, Secretario de Exterior del SME, al igual que el Secretario de Trabajo del SME, Eduardo Bobadilla, cotizan 1,887 pesos diarios ante el IMSS (unos 56 mil pesos mensuales cada uno).

“Cómo puede ser un empleado de una trasnacional [Mota-Engil] y en el discurso ir contra las empresas. Cómo puedes ser parte de su Consejo de Administración y los de atrás están pidiendo trabajo, no tienen ni para comer. Cómo puedes estar en lo interno en una persecución contra los trabajadores y hacia lo externo estás con la huelga de Matamoros. Ese discurso ya no se lo creemos”, aseveró el disidente Aldo Conde.

PROCESO ELECTORAL “AMAÑADO” EN EL SME

Martín Esparza ha sido el Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas desde 2005 a través de diversas reelecciones. El Comité Central del sindicato lo componen otros 25 miembros.

“Le apostamos a una Reforma Laboral como la que se está planteando donde haya libertad sindical, donde los dirigentes se elijan a través del voto libre y secreto. El SME así lo hace. Hay un proceso electoral establecido en el estatuto”, presumió Esparza en un foro sobre sindicalismo celebrado el 6 de marzo.

Antes de 2014, el Secretario General se elegía cada dos años con voto directo y secreto, pero los estatutos se modificaron hasta cinco años por lo que Esparza, reelegido en 2015, podrá estar hasta 2020.

La última elección para renovar una mitad del Comité, incluyendo a Esparza, fue en mayo de 2015, antes de que el sindicato modificara los estatutos para permitir esta extensión en el cargo. En 2014 se seleccionó la otra mitad del Comité, por lo que en mayo de 2019 se cierra el registro para planillas. El grupo “Para todos todo” presentará una planilla de oposición a Esparza Flores.

“En mayo de 2015, votamos por el Comité Central que incluía a Martín, el Secretario General. El contexto era distinto a como estamos ahorita. No se conocían los 541 trabajadores en Fénix, no se conocían las rentas vitalicias para su gente, no se conocían las liquidaciones millonarias. Entonces en la planilla votamos para que ellos siguieran. Para agosto de 2015 se cambiaron las reglas: yo voté por Martín para dos años, y nos dijeron que se quedaría tres años más”, afirmó Mario Benitez.

Presentar una plantilla de oposición no estará exenta de obstáculos. El disidente Guillermo Vergara contó que el año pasado los jubilados tuvieron que elegir a su representante, pero “fue una gran maniobra, de tal forma que no pudimos presentar nuestra planilla. Que el gobierno en turno nos diga si va haber democracia sindical, si nos van a apoyar. Supuestamente hay una reforma de estatuto, que no conocemos, no la desclasifican”, dijo.

“Para que hubiera una modificación en los estatutos, se debió haber convocado a una legislativa, un procedimiento con tiempos. Se lo brincaron y lo hicieron a su modo para que pasaran de poder estar en el cargo de 2 a 5 años”, reiteró.

Claudio Herrera, quien también participó en ese proceso, consideró que “la última elección fue amañada, no hubo participación. De los 17 mil jubilados (ya ha habido decesos de los 22 mil que eran en 2009), no votaron ni dos mil”.

Seguridad, crimen y finanzas

SAMAEL HERNÁNDEZ

Las declaraciones del abogado del Chapo Guzmán y de Jesús Zambada han confirmado algo que algunos sabían y que muchos sospechábamos: el crimen organizado soborna a las autoridades federales a niveles muy altos que tocan hoy a ex-presidentes y presidentes en turno.

En efecto, Joaquín El Chapo Guzmán y su cártel de Sinaloa sobornaban a la PGR, a la policía, a militares y hasta a la Interpol, pagando sobornos en la Ciudad de México de 300 mil dólares mensuales, según el dicho de un testigo clave del gobierno en el juicio del capo, Jesús “El Rey” Zambada, empleado del cartel desde 1987 hasta su arresto en 2008 y hermano de Ismael El Mayo Zambada García, cofundador de la organización criminal junto a El Chapo.

El Rey Zambada detalló los exorbitantes costos de proteger el contrabando de la droga colombiana que viajaba a Estados Unidos vía México en el tercer día del juicio que se realiza en Brooklyn, Nueva York y que durará unos cuatro meses. La prensa ha destacado que un señalamiento de la mayor importancia es el que hizo el abogado defensor del Chapo al afirmar que el ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa y el actual presidente Enrique Peña Nieto recibían dinero del Cartel de Sinaloa.

Ha estas alturas es difícil negar que la violencia criminal, a pesar de la llamada guerra contra el narco, no ha disminuido; por el contrario se ha incrementado. El 75% de los asesinatos perpetrados se atribuyen al crimen organizado y unas 70 personas fueron asesinadas cada día en México, en total se cometieron 25,339 homicidios dolosos en 2017.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la Ley de Seguridad Interior legislada por el Congreso de la Unión y vigente desde el 21 de diciembre de 2017. Dicha ley se promulgó con el fin de generar un marco legal que justifique el uso de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, en materia de seguridad en todo el territorio nacional. Los ministros resolvieron que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades para legislar en cuanto a seguridad interior y la disposición del Ejército en la materia.

Con esta especie de vacío legal, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentó una política sobre política de seguridad interior, cuyo punto central es la creación de una guardia nacional que, según los conocedores deja sin modificar el efecto de militarizar la seguridad pública.

La iniciativa del presidente electo es sustancialmente diferente de su postura inicial, a saber, que  endurecería los controles del sistema bancario en el país para luchar contra el lavado de dinero.

Este tema es clave en el control y reducción  del crimen organizado. Entre otras, la experiencia italiana demuestra que el uso de la violencia del Estado y el perfeccionamiento del sistema judicial tienen como condición de éxito sine qua non, el control del sistema financiero que permite el llamado “lavado” de dinero. Al respecto, un libro recomendable para conocer del contexto histórico y los mecanismo de la limpia de dinero con origen criminal, es el de Jean de Maillard et. Al. Atlas de la criminalidad financiera. Del narcotráfico al blanqueo de capitales. Ediciones Akal S. A. 2002. España.

El gobierno mexicano estimó que sólo el narcotráfico, los delitos fiscales y algunos otros crímenes generan al menos 1.13 billones de pesos cada año (unos 58 mil 500 millones de dólares), monto que es susceptible de ser sometido a lavado de dinero, según un reporte clasificado visto por Reuters en octubre de 2017.

“Los bancos y las instituciones financieras no son las víctimas, sino los principales responsables y beneficiarios del total descontrol en materia de lavado de dinero que existe en el país”, dice la propuesta de programa de gobierno divulgada por el líder del partido Morena el año pasado.

El sistema financiero mexicano está compuesto por más de 5 mil entidades de muy diversa índole, y el sector bancario es liderado por los bancos españoles BBVA Bancomer y Santander, así como el estadounidense Citibanamex.

El futuro presidente de México vuelve a toparse con el capital financiero, hace unas semanas con motivo de las reformas propuestas para el cobro de comisiones, ahora con el tema de su política de seguridad pública.

Llama la atención que en ambos temas parezca dejar de lado el control de esta forma de operación del capital. En este segundo caso, no  tomar en consideración la experiencia italiana podría llevarlo a un esquema modificado de la “guerra contra el narco”, con un altísimo costo económico y en vidas humanas además de ineficaz.

Pero lo que además debería preocuparnos, son los cambios abruptos en los planteamientos políticos del futuro presidente de México. Da la impresión de que sus declaraciones adolecen de falta de sustento y congruencia, o bien de estar sometido a una presión por parte de fuerzas superiores a su capacidad y voluntad políticas.

Pemex debe pagar 633 mdp a Oceanografía

*La empresa, propiedad de los hermanos Yáñez, recién salió de un proceso de quiebra que duró más de cuatro años

* La deuda es sobre 24 de 45 contratos

AGENCIAS

Un juez federal resolvió que Pemex Exploración y Producción (PEP) le debe 633 millones de pesos a la naviera Oceanografía, que desde febrero pasado salió de un proceso de quiebra que duró cuatro años.

Felipe Consuelo Soto, Juez que llevó el concurso mercantil de Oceanografía, dictó el 28 de noviembre una medida cautelar por la que PEP debe exhibir 272.4 millones de pesos y 18 millones 55 mil dólares, equivalentes a 361 millones de pesos, para que la empresa de Amado Yáñez pueda “cumplir las obligaciones de su convenio concursal”.

Las empresas han negociado durante meses para conciliar adeudos entre ellas, derivados de 24 de los 45 contratos que Oceanografía tuvo con PEP. Esta última rechazó que deba los montos mencionados, y por el contrario, sostiene que Oceanografía es quien le debe 20 millones de dólares, y que para la compensación se deben tomar en cuenta los 45 contratos.

“No se puede pretender capitalizar a Oceanografía a costa del patrimonio de PEP”, afirmó la empresa estatal.

La conciliación es resultado de un amparo ganado por PEP en agosto de 2016, con el que anuló una orden dictada por el Juez Consuelo para devolver a Oceanografía penalizaciones que le había aplicado por presuntos incumplimientos contractuales entre febrero y julio de 2014.

Como Oceanografía siempre sostuvo que PEP le quedó a deber, el Juez consideró necesaria la conciliación para aclarar las deudas recíprocas. Luego de una veintena de reuniones, la conciliación aún no termina, pero el Juez ya pidió a PEP exhibir los 633 millones.

Cuando el Gobierno intervino a Oceanografía en febrero de 2014, tras revelarse un presunto fraude contra Banamex, la empresa tenía cuatro contratos activos con PEP por 2 mil 847 millones de pesos, que terminaron su vigencia entre noviembre de ese año y septiembre de 2016.

Otros tres contratos, por casi 2 mil 700 millones de pesos, de obras de construcción en plataformas petroleras, habían vencido en semanas previas, pero probablemente había pagos pendientes.

En la sentencia de reconocimiento de créditos del concurso mercantil de Oceanografía, el Juez determinó que ésta le debía 6.4 millones de UDIS a PEP, entonces equivalentes a unos 34 millones de pesos.

El Juez aprobó en febrero de 2018 un convenio que sacó a Oceanografía de la quiebra, por el cual se decretó quitar un 96 por ciento de la deuda de 12 mil millones de pesos con cientos de acreedores, y creó un fideicomiso.

La idea es que el fideicomiso reciba los ingresos por nuevos contratos de servicios petroleros que Oceanografía logre conseguir.

Inhabilitan por 10 años a empleado de PeMex transformación industrial

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público a un empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Y le impuso una multa por 8 millones 352 mil 547 pesos con 57 centavos. Indicó que el sancionado, adscrito a Pemex Transformación Industrial, omitió aplicar penas convencionales a una filial de Odebrecht, por 8.3 millones de pesos, ante el incumplimiento de la empresa en un contrato para obras en la refinería Miguel Hidalgo.

Subrayó que la firmeza de esta resolución se encuentra supeditada al resultado de los medios de impugnación al alcance del servidor público, para hacerle frente a la sanción.

El caso de corrupción de Oceanografía

El pasado viernes 28 de febrero de 2014, Banamex lanzó una acusación contra la empresa Oceanografía de fraude, lo que originó que la Procuraduría General de la República(PGR) abriera una investigación a empleados y directivos de la compañía, mayor contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La PGR anunció que embargó a Oceanografía, proveedora de Pemex, por al menos 400 millones de dólares. La PGR aseguró los bienes de la empresa y los puso a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. La investigación develó una posible red de tráfico de influencias. Según investigaciones, la compañía forma parte de una red de complicidades entre funcionarios y exfuncionarios de cuño panista con empresarios.

Para comprender el caso, te presentamos 15 puntos clave:

¿Qué es Oceanografía?
  • En su página web Oceanografía S.A. de C.V. indica que es “una empresa mexicana con más de 40 años de experiencia en la industria petrolera”. La compañía es controlada mayoritariamente por los hermanos Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna, quienes ostentan más de 75% de la totalidad de acciones.
  • De 1999 a 2013, Oceanografía obtuvo al menos 160 licitaciones públicas nacionales e internacionales de Pemex, cutos contratos superaron los 31 mil millones de pesos para proveer servicios de obra pública a la paraestatal y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).
  • Los contratos que se le concedieron a la empresa en esos años eran específicamente para realizar trabajos de mantenimiento, inspección, flete, transportación, alimentación, hospedaje y rehabilitación de pozos.
La ruta del fraude
  • Oceanografía solicitó un préstamo a Banamex y puso como garantía supuestos pagos que esperaba de Pemex.
  • El 31 de diciembre de 2013, el banco le otorgó un crédito por 585 millones de dólares.
  • La compañía fue sancionada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del gobierno mexicano, luego que Pemexencontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma, según el Diario Oficial del 11 de febrero.
  • Banamex inició una detallada revisión del riesgo de Oceanografía cuando supo de la sanción y descubrió que dicha empresa parecía haber falsificado cuentas por cobrar.
  • La Procuraduría General de la República intervino a la firma y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investiga violaciones financieras.
Presuntos involucrados
  • Amado Yáñez Osuna, es hijo de Amado Yáñez Correa, fundador de Oceanografía. Desde 1996 asumió al cargo como director de esta empresa proveedora de Petróleos Mexicanos y que es acusada por Banamex de un fraude por 585 millones de dólares. Yáñez recibió 33 contratos de Pemex en diez años. Es propietario de Gallos Blancos de Querétaro, equipo de futbol de la Liga MX. Su esposa, Verónica González Yáñezaparece como propietaria del equipoDelfines, de la Liga de Ascenso.
  • Los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio son accionistas de Grupo Gasolinero Mexicano, que opera las estaciones Cualli y que según su portal cuentan con 35 estaciones. Tienen los casinos Big Bola y la Caja Libertad. El grupo ha sido acusado de vender gasolina robada. Caja Libertad tiene 155 sucursales en 24 estados. Es investigada por la CNBV. Big Bola cuenta con 17 casinos y es acusada de lavado.
  • Martín Díaz Álvarez, presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad y accionista de Oceanografía es investigado por la PGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por lavar recursos de procedencia ilícita en la caja popular.
  • En la lista de los panistas que han sido señalados o que son investigados por alguna irregularidad en el manejo de contratos en Pemex, está Juan Bueno Torio, actual diputado federal del Partido Acción Nacional. Luis Ortiz, su cuñado, recibió un contrato directo para su empresa Fletara. Mientras que la hermana del legislador, Rosa Bueno, obtuvo contrato sin licitar.
  • César Nava Vázquez, ex dirigente nacional del PAN fue director Jurídico de Pemex en el sexenio de Vicente Fox y según investigaciones federales, él monto la estructura jurídica que siguió operando con su gente de confianza cuando fue secretario particular de Felipe Calderón.
  • En 2005, Manuel Bribiesca aceptó que su hermano Jorge Alberto y su tío Guillermo Sahagún gestionaron contratos con Petróleos Mexicanos para favorecer a Oceanografía, argumentando que sus parientes conocían a los dueños de esa empresa.
  • El domingo 2 de marzo, el ex presidente Vicente Fox, salió en defensa de los hijos de su esposa Marta Sahagún, al afirmar que “en la familia estamos muy tranquilos, aquí no hay nada que ocultar, nada de qué preocuparnos, toda la familia, la propia y la extendida”, en torno al caso de Oceanografía.

AGENCIAS

¿Se arrepiente de haber extraditado al Chapo? El tuit que envió un abogado de “El Chapo” a Peña Nieto

La publicación fu acompañada de una noticia del diario “New York Daily News” en donde exhiben sobornos del capo al gobierno mexicano

AGENCIAS

A través de su cuenta oficial de Twitter, un abogado de “El Chapo” escribió al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, si no se arrepentía de haber extraditado al narcotraficante a Estados Unidos, donde actualmente está siendo juzgado.

El tuit, que parte de la defensa de Joaquín Guzmán Loera, dice en un mensaje muy breve: “@EPN (Enrique Peña Nieto) ¿Siente haberlo enviado aquí?”.

La publicación en la cuenta @balarezolaw fue acompañada por una noticia del diario “New York Daily News” titulada “El cartel de la droga del Chapo pagó $6 millones en sobornos al actual presidente de México Peña Nieto, según los abogados de la defensa”.

Angel Eduardo Balarezo es un abogado de defensa criminal con sede en Washington DC que se dedica a representar a personas acusadas de delitos graves estatales y federales. En septiembre entró oficialmente en el caso y relevó a los dos abogados de oficio que habían representado al mexicano desde su extradición.

Cabe destacar que la semana pasada, la defensa del narcotraficante habló de supuestos sobornos a presidentes de México, lo que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto negaron.

Además, otros funcionarios mexicanos salieron a relucir en el juicio que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, como el ex secretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, acusado de aceptar sobornos del cartel de Sinaloa, así como al que fuera secretario de Seguridad Pública de la capital mexicana, Gabriel Regino.

Tanto García Luna como Gabriel Regino negaron haber estado involucrados con el narcotráfico. De hecho, Gabriel Regino dijo que en el juicio de “El Chapo” nunca mencionaron su nombre. “Hablaron de un Rojino, con “o” y con “j”, ese no es mi nombre”, aseguró.

600 mil empresas “fantasma”, muertos que trabajan, políticos de alto rango como socios… SHCP detecta evasión por 2 millones de millones de pesos al año

*Entre los socios de estas empresas se ha identificado a personas políticamente expuestas y en las plantillas laborales se han descubierto a personas ya difuntas; el monto de la facturación apócrifa para eludir impuestos asciende a dos billones de pesos anuales

AGENCIAS

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a 600 mil empresas riesgosas que podrían estar realizando operaciones de facturación simuladas para evadir al fisco.

El administrador central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal, Samuel Arturo Magaña Espinosa, informó que también se detectaron 13 mil socios o accionistas de estas empresas denominadas como “fachadas o fantasmas”.

En conferencia de prensa señaló que las empresas riesgosas pertenecen a diversos sectores entre comercializadoras, de medios de comunicación, futbol, entre otras.

El SAT identificó un nuevo esquema agresivo de simulación fiscal que están utilizando los contribuyentes para evitar el pago del impuesto sobre la renta, a través de empresas facturadoras de operaciones simuladas, así como de prestanombres que participan como socios de dichas empresas.

En el esquema identificado se involucra a sociedades pagadoras que evitan en el entero de las contribuciones a su cargo, aplicando en su beneficio el crédito al salario, deducciones y compensaciones improcedentes.

Entre los socios de estas empresas se ha identificado a personas políticamente expuestas y en las plantillas laborales se han descubierto a personas ya difuntas.

Estimó que el monto de la facturación apócrifa para eludir impuestos asciende a dos billones de pesos anuales.

Se ha identificado que están involucrados en el uso de este esquema socios, accionistas, representantes legales, entre otras de grandes empresas, a quienes se les ha invitado a corregir su situación fiscal de manera voluntaria y evitar así que se sujeten a proceso por la posible comisión de un delito.

En el primer caso identificado de un contribuyente que utilizó este esquema se le invitó a corregir su situación fiscal de manera voluntaria y pagar más de 161 millones de pesos correspondientes al ISR de cinco ejercicios fiscales, lo que posibilitó concluir con ello el procedimiento de carácter penal.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, el universo de contribuyentes activos registrados es de un millón 943 mil. Estos son datos al 31 de diciembre de 2017, los más actualizados disponibles.

Las 600 mil empresas que simulan operaciones equivalen a 30 por ciento de los contribuyentes activos.

Transparencia, rendición de cuentas y derecho a la información, en riesgo con llegada de AMLO al poder: expertos

Expertos ven riesgo de que se pierdan espacios ganados en materia de transparencia, rendición de cuentas y derecho a la información con el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador

AGENCIAS

Desde hace tiempo, en México hay preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas. Expertos consideran que esas prácticas y el derecho de acceso a la información que tutelan podrían estar en riesgo con el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

“Sí hay un riesgo de que se puedan perder espacios ya ganados por la sociedad para poder dar un mejor seguimiento a las tareas de gobierno”, advierte Liliana Veloz, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Para el especialista del Colegio de México, Fernando Nieto, es preocupante que el presidente electo muestre rechazo a instituciones encargadas de la transparencia y a los órganos autónomos porque, más allá de quiénes las dirigen, son pieza clave en la cultura de rendición de cuentas que se ha construido en México en los últimos años y porque hay una ausencia de esta agenda en la configuración del próximo gobierno.

Sí es preocupante que el presidente electo demuestre poco afecto a estas instituciones”.

La transparencia, a contracorriente

López Obrador se ha referido precisamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) —pilar de la política de transparencia— como un organismo cuyos integrantes ganan mucho, pero que “no ha hecho nada”.

El INAI es resultado de años de lucha de organizaciones de la sociedad civil. En 2001, el Grupo Oaxaca, conformado por varios ciudadanos, comenzó una carrera que culminó con la aprobación de una Ley Federal, posteriormente Ley General, con la que hoy todas las dependencias del gobierno están obligadas a informar sobre sus recursos y labor.

Veloz señala que, aunque no se ha cerrado la pinza con el fincamiento de responsabilidades, debe valorarse que el acceso a la información ha contribuido a conocer los escándalos de desvíos de recursos y de corrupción en México.

“Hay una ley que permite conocer todo eso y cómo están ejerciendo los recursos y dónde hay irregularidades. Hay que defender esos espacios y ahí la sociedad civil se vuelve clave para no perder lo que ha ganado”, afirma la experta del CIDE.

Contra la autonomía e independencia

No es solo este caso. López Obrador también se ha lanzado contra otras instituciones, como el Instituto Nacional Electoral (INE), e impulsa una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública con la que algunos temen que se reste autonomía a esos órganos y se concentre el poder en la presidencia.

“Hemos construido instituciones y lo que (AMLO) está haciendo es una forma muy sutil de mandar al diablo a las instituciones. Está poniendo al hombre por encima de las instituciones”, considera la diputada Adriana Dávila, del PAN.

El mensaje que estamos recibiendo aquí es: muera la autonomía”.

Adriana Dávila, diputada del PAN.

Entre los cambios que propone la iniciativa de reforma está que la Consejería Jurídica de la Presidencia o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) designen a los titulares de las controlarías jurídicas y de las oficialías, lo que centralizaría en el Ejecutivo el poder y la facultad de fiscalización.

“La señal que nos dan con las reformas a la Ley Orgánica es que este modelo no les interesa, que prefieren un modelo más vertical, donde las decisiones de los órganos estén subordinadas”, interpreta Fernando Nieto.

¿Qué pasa con los contrapesos y quién vigilará las decisiones?

Los expertos ven otro riesgo: el de la falta de información sobre las decisiones que se están tomando, pues la administración electa no explica cuáles son sus motivos, por ejemplo, para desaparecer secretarías o reducir la burocracia.

Para Nieto, debería haber un diagnóstico de cuánto se gasta o por qué se tendría que gastar en algunas áreas según las funciones que realiza y, a partir de él, tomar decisiones.

“Se están tomando decisiones, pero no hay información, no sabemos qué las respalda y eso me preocupa porque puede ser un riesgo de uso arbitrario de poder”, afirma.

Por otro lado, hay muchas cosas que no funcionan bien o aún no se consolidan en el país, como el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), reconoce Liliana Veloz, pero no por ello es buena idea desaparecer órganos que se crearon como contrapesos, para garantizar que el gobierno tome buenas decisiones y como mecanismos de rendición de cuentas.

“Creo que aquí las organizaciones de la sociedad civil pueden tener un papel muy importante (…) para ir a la entraña y a la revisión profunda, desde otro lente del quehacer gubernamental (…) Que tanto la academia como la sociedad civil se organicen para hacer un bloque que pueda elevar la voz y exigir que los espacios ganados no se pierdan”, evalúa.

Tribunal defiende a Riobóo: Ricardo Anaya lo calumnió haciéndolo ver como corrupto

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó una multa para el excandidato del PAN a la Presidencia, Ricardo Anaya, por calumnias contra el empresario e ingeniero, José María Riobóo, durante el tercer debate presidencial en junio pasado

AGENCIAS

En consecuencia de dicha determinación, la Sala Superior ordenó al excandidato presidencial pagar una multa de 16 mil pesos para subsanar las afectaciones provocadas por los comentarios que realizó durante su campaña.

De acuerdo con Milenio, por unanimidad los magistrados consideraron que Anaya “generó intencionalmente la idea de que el empresario Riobóo era corrupto”, al hacer “inferencias sobre licitaciones sin concursos que se traducen en imputaciones por hechos de corrupción”.

En tanto, la magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis, aseguró que las expresiones que usó Anaya sí pretendían generar una imagen negativa al imputar la participación en un delito de corrupción, lo que afectó la honra de este ciudadano.